Las actuales administraciones municipales se enfrentan a diversos retos que, si bien ya existían, la actual pandemia causada por la COVID 19, los han hecho aún más evidentes. Uno de estos grandes retos es la manera en que se implementan canales de participación ciudadana para incidir en los problemas del día a día de la comunidad.
Por supuesto, el caso de Hidalgo no es diferente.
Dos de los instrumentos que tienen el gran potencial de aportar para que estos canales se hagan realidad son los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal y Delegados Municipales, mismos que se encuentran normados en el título tercero, capítulo primero y segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado del Hidalgo, así como cada uno de los municipios en cuestión deberá contar con un reglamento específico de estos mecanismos. Sin embargo, en algunos casos, existe discrepancia entre lo establecido en la Ley y lo establecido en dichos Reglamentos, por lo que ahora que inician estas administraciones, deberán poner especial atención en lograr una definición precisa de cómo deben operar estos mecanismos en armonía con el contexto local, para obtener el mayor beneficio para todos los involucrados.
Estos dos mecanismos tienen por objeto fungir como órganos auxiliares y de colaboración con el gobierno municipal para la observancia de los servicios públicos así como para coadyuvar a los gobiernos en lo que se requiera menos en cuestiones político-electorales, aunado a que son figuras que sirven para encauzar la voz de los ciudadanos de las diversas colonias, barrios y fraccionamientos de los municipios hidalguenses, por lo que deben ser considerados para evolucionar hacia ser órganos deliberativos en democracias representativas, claro, si éstos son implementados correctamente, lo que implicaría que se implementaran en todos los espacios posibles así como que se desligasen de los partidos políticos locales y de prácticas clientelistas.
anterior debido a que día a día los ciudadanos exigen más a sus gobernantes, sin embargo, los ciudadanos se deben encontrar comprometidos con su comunidad para, primero exigir que los procesos de deliberación sean llevados a cabo a través de las instituciones correspondientes, y segundo que se encuentren comprometidos para garantizar que dichos procesos de deliberación sean una herramienta para que se encuentren las soluciones a los problemas que aquejan a la comunidad y no para el condicionamiento de los servicios públicos o de gestión de peticiones de acuerdo al color que cada ciudadano apoye.
A pesar de esto, cabe mencionar que los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal y los Delegados Municipales, son mecanismos poco conocidos por los hidalguenses, ya que por un lado hay ciudadanos que conocen de su existencia, pero desconocen de su alcance y por otro lado hay quienes conocen ambos rubros, pero no confían en los gobernantes sumado a que no creen en este tipo de participación. Ambos casos generan una desvinculación muy marcada entre ciudadanos y gobernantes, sin embargo, en las últimas décadas cada vez se ha hecho más común que los discursos de los gobernantes enaltezcan el concepto de participación ciudadana, en aras de una democracia, sin embargo cuando se trata del fortalecimiento de los canales que dan cabida a esta voz de los ciudadanos, no se generan los cambios necesarios como lo son las cuestiones normativas o bien en la transparencia de la implementación de estos. Lo cual genera opacidad y redunda en mayor falta de confianza en los gobernantes y en las instituciones. Lo que podría implicar que los gobernantes únicamente estén interesados en legitimar su actuar, aunque la participación ciudadana se ligue más a un proceso de simulación que a uno de deliberación.
Por todo lo anterior, se espera que las administraciones locales actuales en el Estado de Hidalgo logren fortalecer estos mecanismos a la brevedad lo cual implica ajustes normativos, así como de voluntad política para la difusión e implementación de este tipo de participación ciudadana y finalmente lograr la motivación ciudadana que hace falta.